Os voy a contar algo. He dormido bastante mal. No termino de habituarme a la dureza del colchón sobre el que duermo. No acabo de acostumbrarme al ruido incesante de sus mallas que chirrían cada vez que me muevo.
O es que me ha atenazado la incertidumbre de saber qué iba a pasar esta mañana en mi primera cita ante la Junta Arbitral de Consumo de Castellón.
El asunto viene de antaño. Exactamente he de retroceder en el tiempo hasta enero de 2010, cuando todavía residía en Almenara playa.
Entonces disfrutaba de una línea de móvil diferente a la actual, con la que presumía de poder acceder a Internet y realizar llamadas bajo el epígrafe de usuario de contrato para esta compañía. Ideal si no quieres preocuparte de tener que recargar tu móvil cada vez que el saldo de la tarjeta se quede a cero.
El caso es que en el cargo en cuenta que recibía en el mes de enero (mi periodo de facturación se cerraba entonces a 14 de cada mes), me sobresaltó ver que la cantidad a cobrar era excesivamente superior a lo habitual.
Con anterioridad había solicitado a la compañía que realizara un cambio de tarifa para tratar de gastar menos, y de aprovechar al máximo los fines de semana para realizar llamadas gratuitas.
Sin embargo, y tras realizar una primera prospección sobre el tema, el departamento de (des)atención al cliente reconoció haberse producido un error en la aplicación de dicho cálculo y que, por consiguiente, la compañía debía de abonarme una diferencia aún por estipular.
Por supuesto, lo que hice fue solicitar el recálculo además de la factura en formato papel para poder contrastar las llamadas y los cargos.
Las facturas nunca me llegarían a mi domicilio en los tres meses siguientes que anduve reclamando. Y el abono solicitado, tampoco.
Por mi parte, me cerré en banda y me negué a pagar el saldo pendiente hasta tener en mano su factura correspondiente, y al no haberse aplicado el cambio de tarifa que hube solicitado, también me negué a pagar las siguientes hasta verse solucionado el problema.
La empresa de telefonía, por su parte, me insistía en que lo aconsejable era primero pagar y luego reclamar. Y que en caso de que se me debiera algo (que ya me habían reconocido que sí, pero que no sabían decir exactamente cuánto) se me abonaría a vueltas de mi pago.
Mi respuesta siempre fue la misma:
1. Las facturas, en mi casa en formato papel.
2. Recálculo de mis facturas.
3. Abono de lo de deba.
Además, no sé por qué narices las empresas tienden a guardar todos los datos de los usuarios. Esto provocó otro error por parte de Vodafone, ya que al tener guardadas todas mis direcciones postales, estuvo enviando las facturas que había solicitado a mis antiguas direcciones, pero nunca a la actual (cosa que también me reconocieron en el departamento de (des)atención al cliente).
Así pues, durante cinco meses hubo un tenso tira y afloja. Pero como el dinero era mío, al igual que la razón, le di con un palmo de narices.
Hasta el momento en que recibí una carta en mi domicilio actual (cosa extraña porque las facturas en papel eran incapaces de encontrarla) en donde un bufete de abogados murciano me exigía el pago de la deuda pendiente con aquella telefónica.
Así que no me quedaba otra que contraatacar.
Denuncié ante consumo. Apelaron. Volví a denunciar. Y reapelaron.
Llegado a este punto ya desistí. Viendo que a lo que argüía ellos me respondían con necedades que no iban a llegar a parte alguna, y el dinero tenía que salir de mis bolsillos.
Ya se cansarían.
Pues sí, pero ni.
El caso es que al no rerredenunciar la Junta Arbitral de Consumo supongo tomaría las riendas del asunto, y me citaba por el mes de enero o febrero para una vista oral en las dependencias de este organismo.
Allí que he ido esta mañana a explicar y a dar mi versión.
La cita era a las diez y pico.
La prolongación de otra anterior vista a la mía hizo que mi comparecencia se atrasara bastante rato.
Se supone que en estas causas hemos de estar presente acusado y acusación. Ellos brillaban por su roja ausencia.
Al entrar en la pequeña sala me he encontrado con tres personas sentadas al otro lado de la mesa. Uno, el presidente, sentado en el centro, entre las otras dos personas. Y a su derecha e izquierda, un caballero representando a las asociaciones de empresarios, y una señora en nombre de las asociaciones de usuarios.
Para terminar, un secretario sentado frente a un ordenador, sería el testigo escriba encargado de transcribir y cumplimentar el acta de la sesión en curso.
Durante aproximadamente veinte minutos hube de responder a diferentes cuestiones. Necesarias para solventar las dudas que se encontraban transcritas en un folio por las dos caras.
Fue el presidente quien comenzó a explicarme el procedimiento. Quien me presentaría a sus acompañantes, y que resumiría profusamente los prolegómenos de la causa que nos había reunido.
Tuve que aclarar algunas cosas de su intervención. Y ahora que me encuentro más sosegado, recuerdo otras que quedaron en el tintero de mi memoria, y que seguramente hubieran dado fuerza a mi testimonio.
Pero la sensación con la que salí de la sala fue buena.
Mi argumentación, coherente. Y mi reclamación, siempre adecuada.
He pedido daños. También perjuicios. Pero únicamente como resarcimiento del pago de la deuda. Con su compensación. Ni más, ni menos. Y la exclusión de las listas del RAI o de impagados.
Quizás la peor de las consecuencias posibles de una causa que entiendo fue justa.
Ahora estoy a unos veinte días del fallo.
Pero me siento tranquilo. Esperanzado. Sereno.
No me parece de justicia que los ciudadanos de a pie tengamos que estar a merced de las negligencias de empresas. De servicios paupérrimos, y de inmisericordes cláusulas abusivas.
Es lo que hay.
Pero ahí está mi voz y mi protesta.
Entrada del 17.
Es marzo.
Año 2.
2011
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Antonio Vallejo Chanal
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